CÓDIGO DE AGUAS

Señor director:

La discusión sobre el Código de Aguas tomó un necesario protagonismo. La afectación de derechos adquiridos, su latente inconstitucionalidad e impacto en sectores productivos, fueron expuestos a los diputados de la Comisión de Hacienda por expertos, y hay consenso en que la reforma no aborda el problema real: la gestión de los recursos hídricos.

En 2011 el Banco Mundial recomendó modificaciones a nuestro sistema desde el punto de vista de la gestión e institucionalidad asociados. Sin embargo, el proyecto se ha enfocado en debilitar derechos y generar incertidumbre. Al contrario de fortalecer la institucionalidad vigente y de mejorar el rol que cumplen las distintas organizaciones de usuarios de aguas, la iniciativa entrega nuevas y amplias atribuciones al Estado, otorgándole a la Dirección General de Aguas funciones -en su mayoría discrecionales- que no han sido respaldadas por un criterio técnico, ni un análisis en cuanto a revisar si dicho servicio es capaz de ejecutarlas con los recursos y personal disponibles.

En este punto se centra la discusión, pues otorgar concesiones, revisar, limitar y extinguir derechos, aplicar un caudal ecológico retroactivo, autorizar el aprovechamiento de las aguas del minero y las modificaciones en el cobro de patentes por no uso, entre otras funciones, genera mayor gasto. Por ello corresponden a materias que deben ser revisadas por la Comisión de Hacienda, pues su concreción generará un impacto fiscal importante.

Cristina Torres Delgado

Abogado Libertad y Desarrollo

Fuente: La Tercera

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